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Optimismo ante la crisis
El último informe elaborado por las Cámaras de Comercio de Canarias y que se ha hecho público estos días, tiene más de alentador que de pesimista. Recordemos que desde octubre del 2007 cuando la crisis económica se hizo perceptible en EEUU y en poco tiempo se extendió por todo el mundo, la desconfianza y la desmoralización se adueñó de toda la clase empresarial canaria y de los propios residentes que ahora después de 18 meses contemplan y palpan la llegada de aire fresco, aunque sean tímidos. Por semejanza, nos ocurre cuando una virulenta y densa calima se concentra en las islas y desesperados buscamos lugares que tengan aire acondicionado. El Indicador de Confianza Empresarial del primer trimestre de este año registra una ligera mejoría, sobre todo en los sectores de servicios, construcción y comercio, no así en los sectores de industria y hostelería que todo sigue igual. Por supuesto, todos estamos a la espera de que las medidas "anticrisis" elaboradas por los gobiernos de España y de la propia comunidad canaria comiencen a dar sus frutos. El último anuncio de Zapatero de una nueva línea de avales de tres mil millones, destinados a los ayuntamientos para que estos puedan pagar sus deudas a las pymes y autónomos, despierta un optimismo incentivado a los pequeños y medianos empresarios para soliviantar su maltrecha economía.
La noticia de iniciar las obras de desdoblamiento de Tahiche-Arrecife de inmediato, tras aprobar el Gobierno de Canarias el decreto de la Consejería de Obras Públicas para expropiaciones, viene a significar otro estímulo para nuestra economía y cubrir una necesidad imperiosa de contar con una moderna vía para la seguridad y fluidez del numeroso tráfico que tiene actualmente la carretera citada. La inversión global es de unos 30 millones de euros. Cerca de 5.000 mil millones de las antiguas pesetas.
A pesar de la batalla "judicial" y los más de dos años de espera, estoy seguro que cuando finalicen las obras, todos contentos, incluso los pocos opositores y expropiados.
El pacto Psoe-Pil ¿hace aguas por todas partes?
Cuando escribo la presente entrega se está en la víspera de celebrar un Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Pública Inalsa, por la vía de urgencia. Ante esta situación desconozco el veredicto de la reunión y si se esperan decisiones que hagan peligrar el "pacto-reparto" entre socialistas y pilistas. La crisis de Inalsa no sobreviene por el actual "pacto-reparto" sino que ha estado germinándose desde hace muchísimo años. Y no sólo se debe a una mala o provocada gestión sino que las deudas se vienen arrastrando desde hace quince años y, posiblemente, la única salida sea llegar a acuerdos con las empresas Aguas Filtradas, FCC y Endesa-Unelco. En principio, a estas propias empresas privadas, según el portavoz del Pil, Manuel Cabrera, no les interesa el concurso de acreedores por el temor que el abono de las deudas se alargue en el tiempo y, lo peor, que no puedan cobrar nunca. Estamos hablando de una deuda global de 35 millones de euros en una empresa pública, donde el sueldo medio de los 195 trabajadores ronda los 3.000 euros netos, gracias a un convenio colectivo privilegiado, calificado como el mejor de todo el Estado. Es decir que los costes de personal pueden superar los 11 millones de euros, sin contemplar en estas partidas las horas extras que también significan un buen montante de euros. Si a todo esto, añadimos las partidas para Aguas Filtradas, Unelco y nuevas infraestructuras y maquinaria, entiendo que las alternativas se encojen a la hora de revitalizar la empresa. Naturalmente, si el Pil consigue llegar acuerdos urgentes con las principales empresas, posiblemente, se demore el concurso de acreedores, pero el futuro de Inalsa quedará de nuevo en el tejado, a la espera de una solución definitiva. Yo no sé si es mejor un penoso avanzar para cambiar el modelo de gestión pública por una mixta o esperar más de tres años hasta que quede organizada las finanzas de la empresa y volver a empezar, siempre y cuando la insolvencia no conlleve la apertura de procesos penales. Estamos hablando de la empresa logística más importante de Lanzarote y cualquier conflicto que se pueda suscitar que implique restricciones de agua o desembolso económico por parte del Cabildo y ayuntamientos, sería catastrófico para la economía de la isla. Esto último lo digo porque las instituciones públicas lanzaroteñas, al menos la mayoría, están completamente ordeñadas, por lo que no sé de donde saldrán las partidas para la pervivencia de Inalsa, que es propiedad en un 60% del Cabildo y el resto de los ayuntamientos.
Yo no sé si existen "manos invisibles" que puedan poner orden a los desórdenes de Inalsa, pero sí creo que la empresa pública navega en un barco que hace aguas por todas partes. Y el problema es que no hay "salvavidas" para todos.
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