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Trama de alto calado
Meses después de tomar posesión el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, le advertí a un destacado político socialista, me reservo su identidad, en su despacho oficial, que madurara bien la idea de aniquilar los planes de ordenación urbanística y el especial Puerto-Ciudad, aprobados ambos por la anterior corporación. Le expuse que anular los instrumentos urbanísticos y las infraestructuras portuarias aprobados era una estrategia equivocada y contraproducente. De hecho, en estas mismas páginas, defendí a capa y espada el PGOU y el PEPA que ya estaban en los trámites finales para la activación definitiva. Al final, por presiones de toda índole, el grupo de gobierno conformado por PSOE-PIL, con abundante verborrea y desparpajo, optó por iniciar de cero los nuevos planes para la ciudad de Arrecife. Esta circunstancia abría un camino muy peligroso y propiciaba dejar en manos oscuras, los futuros instrumentos vitales para el desarrollo de Arrecife. Ahora, meses después, la Operación Unión que lleva la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través del juez del Juzgado nº 5 ha dejado al descubierto los temores que ya plasmaba y, en estos momentos, el Ayuntamiento de Arrecife se enfrenta a una trama organizada desde el exterior pero con la complicidad de cargos políticos y funcionarios de la corporación. Aún no se conoce la envergadura de la intervención policial y judicial, al estar las actuaciones bajo secreto de sumario, pero por la tormenta suscitada y las nuevas informaciones que saltan cada día a la opinión pública, me atrevo a predecir que en Arrecife existe una trama de alto calado y con unas consecuencias imprevisibles. La impecable operación policial y judicial, llevada a cabo, después de más de un año de investigación con sigilo perfecto, revela y vaticina un final dramático para los que han cometido delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra los planes de ordenación del territorio.
Cuando escribo esta entrega (jueves), la Operación Unión se ha trasladado también al Ayuntamiento de Yaiza, lo que amplía el hilo conductor en la trama de corrupción, aumentado los niveles de degradación en las instituciones públicas. Advierto que me impongo prudencia, a la hora de escribir, en esta “operación limpieza”, puesto que las intervenciones se están llevando a cabo con un hermetismo total para evitar dañar la imagen de cualquier persona sin estar aún imputados, que no quiere decir juzgado y con sentencia en contra. No obstante, la obligación de todo periodista es la de informar y opinar de forma veraz.
El origen de la corrupción viene de lejos pero ya se sabe que estas actividades se mantienen generalmente ocultas por diferentes causas y el entorno social sólo puede llevarse por percepciones.
Lanzarote puede estar de enhorabuena porque ya es conocido que la corrupción frena el desarrollo de los pueblos, como en el caso de Arrecife, que nos hemos quedado sin planes de ordenación y las correspondientes inversiones públicas por el afán de lucro de unos cuantos que muchas veces, bajo una impunidad reprobable, se mueven a sus anchas creando un círculo vicioso en la propia sociedad.
Esta operación expeditiva llevada a cabo por la Guardia Civil y los jueces puede servir, en principio, para subir los niveles de independencia y eficiencia de la Justicia. También erradicar los altos grados de percepción de corrupción a la que había llegado la isla de Lanzarote. El desconcierto y la desconfianza invaden, en estos momentos, a la mayoría de los residentes en esta isla porque desde hace mucho tiempo se viene practicando una política enredada, compleja, enmarañada y de conveniencia.
Lo que sucede ahora en Lanzarote espero que sea el fin de una larga pesadilla y se inicie un nuevo panorama político, alejado de la casi permanente inestabilidad que determinadas instituciones públicas han vivido en los últimos tiempos, con la complicidad de unos cuantos para pescar en río revuelto.
Esta operación expeditiva llevada a cabo por la Guardia Civil y los jueces puede servir, en principio, para subir los niveles de independencia y eficiencia de la Justicia.
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