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Aviso:
Esta semana la "Editorial" sustituye a "Desde mi isla atlántica".
Editorial
La Operación Unión y la indecencia política
El terremoto policial y judicial ya ha pasado, y con sus correspondientes réplicas. Al menos, por ahora. La Operación Unión, un procedimiento “contra una trama de corrupción urbanística y administrativa en Lanzarote”, según ha definido la Guardia Civil, ha dejado un tendal de imputados, más de 30. Muchos de ellos son actuales o ex cargos públicos, y quienes no lo son, supuestamente son cómplices con al menos un cargo público. Entre los imputados hay un ex presidente del Cabildo, un vicepresidente, un ex vicepresidente; tres alcaldes, un ex alcalde; un consejero; un teniente de alcalde; tres concejales; el presidente de un partido político; el tesorero de la Cámara de Comercio, otros dos integrantes del pleno de esa asociación; una media docena de funcionarios públicos... Lo dicho: un verdadero terremoto policíaco-judicial.
Sin embargo, a medida que pasan los días sin que la UCO, los del GRS y el juez vuelvan a actuar públicamente, los ecos de este terremoto parecen ir apagándose también en el escenario político, y hasta en el social. La única consecuencia concreta, en la escena política, ha sido que un partido con cargos públicos imputados ha roto el pacto de gobierno con otro partido político con cargos públicos imputados, y trata de cerrar un nuevo pacto con un tercer partido con cargos públicos imputados. Si, han leído bien: la única consecuencia concreta.
Todos los cargos imputados, excepto dos que están presos y uno que fue expulsado por la ruptura de pacto, siguen en sus puestos: Por si no ha quedado claro, todas estas personas están imputadas porque la Justicia y la Guardia Civil consideran que hay indicios racionales suficientes como para creer que formaban parte de una trama de corrupción urbanística y administrativa en Lanzarote.
Y allí siguen, mandando, tomando decisiones, gobernando, manejando dinero público, firmando contratos, proyectando planificaciones urbanísticas, rigiendo el destino y futuro de las corporaciones, elaborando presupuestos, decidiendo en qué se invierte y en qué no, negociando acuerdos políticos a largo plazo, gestionando fondos en Canarias en la Nación y en Europa, definiendo estrategias sociales, políticas, económicas... Y todo eso, en el Cabildo, en tres ayuntamientos, en tres partidos políticos; en la Cámara de Comercio... Nadie -exceptuando el hasta ahora sólo amago de Placeres- ha decidido dar un paso al costado y dimitir, o pedir una ‘excedencia’, o aunque sea cogerse vacaciones, o al menos pedir disculpas públicamente por haber sido imputado aunque se proclame la inocencia.
Nadie, excepto los que fueron ‘echados’ por ser del PIL, ha sido sancionado, suspendido cautelarmente y ni siquiera -que se sepa- expedientado.
Tal vez los comentarios sobren, o tal vez haya que gritar que nunca antes se había visto tamaña indecencia política. Indecencia de los imputados, indecencia de quienes les cobijan, indecencia de quienes no sólo esperan respetuosamente a que actúe la Justicia sino que además les defienden, indecencia de quienes negocian con ellos, y hasta indecencia de quienes no les dicen indecentes.
Y aquí no estamos diciendo que haya que condenar política, social o públicamente a quienes estén imputados por su supuesta pertenencia a una trama de corrupción; sólo decimos que quienes están imputados por tan grave motivo, deberían hacer un paréntesis en sus actividades -o alguien debería obligarles a hacerlo- hasta tanto se aclare si son tan inocentes como declaman siempre aquellas personas que resultan imputadas por algo. Todos, del primero al último; de Dimas si quieren, hasta el que cada uno de ustedes crea menos culpable o más inocente.
Ahora, si por el contrario todos nos hacemos los distraídos o centramos el debate en que tal delito es menos grave que aquel, o que ese otro ni debería ser delito, y así cada vez más cuanto más sentimos que se nos ‘acerca’ el tema porque ha caído un socio, un familiar, un amigo, un conocido, un jefe, un empleado, el conocido de un conocido, el amigo del amigo del primo de tío de un amigo, o el que una vez nos vino a cambiar los plomos a casa, mal vamos.
Si aquí sigue sin pasar nada, si toda esa gente sigue allí donde está y nadie ni siquiera levante la voz, tendremos que comenzar a concluir que la Operación Unión no servirá para erradicar de raíz este problema, porque tal vez terminará encarcelando a un puñado de corruptos, y terminará asustando a otros potenciales corruptos, pero no habrá logrado lo más importante que muy probablemente buscaban quienes llevan adelante este procedimiento jurídico-policial: desterrar el sentimiento de impunidad y de parcial legitimación social de la corrupción.
Legitimación desde la ultracorrupción de hacer un Plan General por ‘encargo’ a pedir a un “conocido” que “enchufe” a un familiar, en la administración pública. Y si eso no se logra, seguiremos enmarañados en esta trama, subtramas, tramitas y tramoyas. Tal vez sea hora como sociedad de elegir cuál de estos dos caminos posibles queremos seguir. Es cierto que para las próximas elecciones quedan aún veintidós meses para conocer la reacción de los electores, pero hasta entonces esperamos que los nuevos pactos que se vayan a conformar para la gobernabilidad en cinco ayuntamientos y en el propio Cabildo se tenga en cuenta no sólo la estabilidad en las instituciones sino también el currículo de cada partido y de cada político. Si apelamos a la responsabilidad de gobernar también se solicita la impecable transparencia de cada uno de los hombres públicos elegidos en la actual legislatura. Sólo esperar que no sean las ansias de poder las que priorice la conformación de pactos que puedan de nuevo contaminar y degradar la vida política y pública de Lanzarote. Ya veremos. A la expectativa estaremos.
Lancelot
Sólo esperar que no sean las ansias de poder las que priorice la conformación de pactos que puedan de nuevo contaminar y degradar la vida política y pública de Lanzarote.
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